Ayer mismo, hablábamos aquí del País que soportamos y qué ejemplo está dando su cípula económica, política y religiosa. No han pasado 24 horas, y hay que sumar al grupo, a la cúpula judicial. Frecuentemente nos siguen epatando con actitudes trasnochadas, machistas o poco democráticas. Hoy nos desayunamos con una perla más que nos toca muy de cerca. El juez Juan José Suárez Ramos del Juzgado de primera instancia e instrucción número de 1 de la ciudad de Arucas, ha declarado la prescipción de los delitos denunciados por la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) en 2006 y ampliado el pasado año. Dicha asociación, al amparo de la ley de Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre de 2007, por las "que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", denunció en primera instancia la desaparición de unas 300 personas, lista aumentada a unas 500, al obtenerse nuevos datos al respecto. Aunque cabe recurso, y ya lo ha hecho la citada AMHA, nos encontramos conque un juez archiva el expediente porque dice que ya han pasado más de 20 años y los asesinatos han prescrito. Es decir, que con jueces como éste, las víctimas del nazismo y tantas otras ignominiosas barbaries no verían reconocidos sus derechos. Existe desde el juicio de Nuremberg, la figura del crímen de lesa humanidad, articulada definitivamente en 1998 en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que desarrola once tipos de delitos de lesa humanidad. Y estos crímenes fueron los que cometieron las adscritos al movimiento rebelde contra la legalidad republicana (1931-36) y la dictadura fascista consecuente. Se consideran crímenes de lesa humanidad, en primer lugar, los cometidos "como parte de un ataque geenralizado o sistemático", entendiendo "ataque" también el traslado y/o deportación por la fuerza. En segundo lugar, los cometidos "contra población civil", y en tercer lugar, "de conformidad con la política de un Estado u organizaciones rebeldes". Estos tres aspectos lo cumple perfectamente la actuación del ejército rebelde franquista y sus adláteres, durante la guerra incivil española, y posteriormente, durante la dictadura. Pero esta desazón, este duro palo, al interés de unas familias que han tenido que esperar más de 60 años para reivindicar justicia, y poder enterrar a dichos familiares dignamente, se une otra alarmante noticia. Si por un lado archivan, por otro el tribunal Superior admiten a trámite la querella presentada contra el juez Garzón por Falange Española y de la JONS (reconocida culpable de muchas de estos crímenes) por declararse competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo, sumándose a otras organizaciones de ultraderecha como Manos Libres. Como vemos, la justicia, una vez más no actúa justamente en busca de la verdad. Se venda los ojos.
