INICIATIVA POR EL HIERRO, ALTERNATIVA TENERIFE SI SE PUEDE, ALTERNATIVA CIUDADANA 25 DE MAYO y LOS VERDES DE FUERTEVENTURA:
Manifiesto: Responsabilidad Patrimonial
Recientemente hemos conocido la suma de las grandes cifras que debemos pagar en razón de las grandes chapuzas e ilegalidades cometidas por los representantes institucionales de la Administración Pública canaria: 439 millones de euros. Sin embargo, a esta cantidad hay que sumarle los 1.000 millones perdidos entre malas actuaciones, contratos nulos y desfalcos en la actuación de ayuntamientos, cabildos insulares, Gobierno de Canarias o entidades públicas que no funcionan o cuyo fin no se justifica realmente.
Todo ello sale a la luz pública precisamente en un momento difícil para Canarias; sobre todo para el 28% de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza, y para el 26% de personas desempleadas. A esta dramática situación hay que sumarle el precario estado de los servicios sociales, la carencia histórica de centros de acogida de mayores y personas enfermas, la precariedad en recursos personales, materiales, formativos, y la consiguiente situación de austeridad en la que trabajan los organismos competentes en materia de servicios sociales e inmigración de casi todas las administraciones.
Para colmo, el Sr. José Manuel Soria, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, ha advertido que los fondos con los que se asumirán estas deudas se detraerán de las partidas destinadas a Sanidad y Educación; dos servicios fundamentales para garantizar la calidad de vida, la equidad y la justicia redistributiva en un país democrático.
Normas de obligatorio cumplimiento como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, advierten que las personas que de forma irresponsable incurran en errores e irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas.
Por ese motivo, Alternativa Ciudadana Veinticinco de Mayo, Alternativa Sí se puede por Tenerife, Iniciativa por El Hierro y Los Verdes de Fuerteventura hemos decidido promover esta campaña con la que pretendemos sumar todos los esfuerzos necesarios para conseguir que el ejercicio de una función pública suponga la asunción de responsabilidades patrimoniales, en defensa del verdadero sentido de servicio y bien común que debe acompañar a quienes nos representen y gestionen unos fondos que son de todas las personas, y que deben ser utilizados y redistribuidos en fines que resuelvan las necesidades de la mayoría de la población, considerando, además, las necesidades de las minorías.
Por este motivo, las personas abajo firmantes EXIGIMOS:
1- La aplicación de la normativa existente y, por lo tanto, la exigencia de responsabilidad patrimonial a todos los cargos públicos que hayan tenido competencias directas en el ejercicio de las acciones que hayan derivado en las irregularidades que ahora debemos asumir.
2- La ampliación y perfeccionamiento de la normativa actual a fin de que no quepa ninguna duda sobre las consecuencias que deben asumir aquellas personas que aceptan desempeñar la gestión de fondos públicos.
3- La suspensión de toda actuación administrativa, en el pago de las grandes deudas asumidas, hasta que se garantice la exigencia de este tipo de responsabilidades y, por tanto, la garantía de devolución de unos fondos más necesarios que nunca en las arcas públicas de Canarias.
Manifiesto: Responsabilidad Patrimonial
Recientemente hemos conocido la suma de las grandes cifras que debemos pagar en razón de las grandes chapuzas e ilegalidades cometidas por los representantes institucionales de la Administración Pública canaria: 439 millones de euros. Sin embargo, a esta cantidad hay que sumarle los 1.000 millones perdidos entre malas actuaciones, contratos nulos y desfalcos en la actuación de ayuntamientos, cabildos insulares, Gobierno de Canarias o entidades públicas que no funcionan o cuyo fin no se justifica realmente.
Todo ello sale a la luz pública precisamente en un momento difícil para Canarias; sobre todo para el 28% de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza, y para el 26% de personas desempleadas. A esta dramática situación hay que sumarle el precario estado de los servicios sociales, la carencia histórica de centros de acogida de mayores y personas enfermas, la precariedad en recursos personales, materiales, formativos, y la consiguiente situación de austeridad en la que trabajan los organismos competentes en materia de servicios sociales e inmigración de casi todas las administraciones.
Para colmo, el Sr. José Manuel Soria, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, ha advertido que los fondos con los que se asumirán estas deudas se detraerán de las partidas destinadas a Sanidad y Educación; dos servicios fundamentales para garantizar la calidad de vida, la equidad y la justicia redistributiva en un país democrático.
Normas de obligatorio cumplimiento como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, advierten que las personas que de forma irresponsable incurran en errores e irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas.
Por ese motivo, Alternativa Ciudadana Veinticinco de Mayo, Alternativa Sí se puede por Tenerife, Iniciativa por El Hierro y Los Verdes de Fuerteventura hemos decidido promover esta campaña con la que pretendemos sumar todos los esfuerzos necesarios para conseguir que el ejercicio de una función pública suponga la asunción de responsabilidades patrimoniales, en defensa del verdadero sentido de servicio y bien común que debe acompañar a quienes nos representen y gestionen unos fondos que son de todas las personas, y que deben ser utilizados y redistribuidos en fines que resuelvan las necesidades de la mayoría de la población, considerando, además, las necesidades de las minorías.
Por este motivo, las personas abajo firmantes EXIGIMOS:
1- La aplicación de la normativa existente y, por lo tanto, la exigencia de responsabilidad patrimonial a todos los cargos públicos que hayan tenido competencias directas en el ejercicio de las acciones que hayan derivado en las irregularidades que ahora debemos asumir.
2- La ampliación y perfeccionamiento de la normativa actual a fin de que no quepa ninguna duda sobre las consecuencias que deben asumir aquellas personas que aceptan desempeñar la gestión de fondos públicos.
3- La suspensión de toda actuación administrativa, en el pago de las grandes deudas asumidas, hasta que se garantice la exigencia de este tipo de responsabilidades y, por tanto, la garantía de devolución de unos fondos más necesarios que nunca en las arcas públicas de Canarias.
