Cuando parece inminente el rescate de España, a pesar de los desmentidos y ambigüedades del gobierno Rajoy, resulta ilustrativo acercarnos a la evolución de la crisis en la vecina Portugal, hoy sufriendo las consecuencias desgarradoras del rescate acordado hace poco más de un año con la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
Esas ambigüedades y desmentidos, también los hizo en Portugal en su momento el gobierno socialista de José Sócrates, el cual, tras dimitir en 2011 -al no contar con el apoyo de la derecha para su Programa de Estabilización y Crecimiento-, negoció con la Troika, estando en funciones, una ayuda financiera de 78.000 millones de euros a lo largo de tres años. Mintió diciendo que no se iba a exigir a cambio grandes sacrificios sociales, pues dos días después se supo que el rescate incluiría, entre otras medidas, la congelación de los salarios de los funcionarios y de las pensiones hasta 2013, un recorte del gasto sanitario superior a 900 millones y una reducción en las prestaciones por desempleo. El interés fijado por la Comisión Europea a la devolución de los préstamos se situó entre un 5,5% y un 6%, por encima de los fijados para Grecia.
Las elecciones de junio de 2011, provocadas por la dimisión de Sócrates, las ganó el actual partido en el gobierno, el Social Demócrata (centro derecha) que firmó una alianza con el otro partido conservador democristiano (CDS) para conseguir mayoría, con 132 escaños de los 230 que componen el Parlamento portugués. Pocos días después, el primer ministro portugués electo, el conservador Passos Coelho, anunció un impuesto especial que gravaría el 50% en la paga extra de Navidad de todos los trabajadores al objeto de cubrir un desvío presupuestario de 2000 millones. Unas semanas más tarde, el adelanto a octubre de ese año, de la subida del IVA del gas natural y de la electricidad, del 5% al 23%, para conseguir recaudar unos 100 millones de euros. Ante estas primeras medidas de los conservadores, la Troika, naturalmente declaró su satisfacción. Sin embargo, las agencias de calificación (Moody’s & Fitch y Standard & Poor´s) se cebaron en su calificación negativa, provocando que la prima de riesgo en Portugal se elevase por encima de los 1.000 puntos básicos y su bono a diez años cotizara en el 13% , al nivel de bono basura.
En septiembre se complica la situación al conocerse el déficit encubierto de mil millones de euros detectado en las cuentas de la región autónoma de Madeira, que al final ascenderá a 5.000 millones. El presidente de esta comunidad autónoma, Alberto Joâo Jardim, llegó a declarar que este agujero fiscal "es una cosita de nada en medio de tanto".
En octubre, el Gobierno de Portugal adopta nuevas medidas de austeridad para 2012, entre las que se encuentra la supresión de las dos pagas extra a los funcionarios y pensionistas y el aumento en media hora de la jornada laboral en el sector privado, añadiendo en diciembre, la venta por parte del Estado de su participación de un 21,35% en la principal eléctrica del país, EDP, a la china Three Gorges. Se produce así la primera gran privatización del Gobierno.
Llega el actual 2012, y el gobierno conservador de Passos Coelho recibe la primera visita solidaria –una de las primeras que hizo fuera de España- de Mariano Rajoy, y en febrero, los bancos anuncian millonarias pérdidas, que se suman a la venta previa del Banco Portugués de Negocios (BPN) al angoleño BIC por 40 millones, un precio de saldo ya que su intervención costó 2.400 millones de euros. En medio de todo ésto, el presidente del Estado, el conservador Cavaco Silva, realiza unas polémicas declaraciones lamentándose de que su pensión -estimada en unos 10.000 euros mensuales- apenas le llega para pagar gastos después de los recortes aprobados por el Gobierno. En respuesta, un grupo de ciudadanos agrupados bajo el movimiento "Iniciativa Democrática" llegaron a recoger 40.000 firmas solicitando su dimisión. El 22 de marzo pasado, vivió Portugal una nueva huelga general convocada por el mayor sindicato del país, el CGTP contra la reforma de la legislación laboral aprobada por el Gobierno que liberaliza el mercado y abarata del despido. Como respuesta, el gobierno
suspende las jubilaciones anticipadas hasta 2014. Justifica la adopción de esa medida por "la evolución" prevista de estas jubilaciones anticipadas, que en su opinión, "empeora la sostenibilidad de la Seguridad Social, y por ello tiene que ser controlada". En junio, la alianza de los dos principales partidos conservadores de Portugal, impidió la primera moción de censura contra Pedro Passos Coelho, presentada por los comunistas -cuarta fuerza más votada del país- y durante la que la oposición acusó al Ejecutivo de "engañar al pueblo" por aplicar medidas que no anunció en campaña electoral. En la moción se abstuvo el Partido Socialista.
El pasado agosto, el gobierno portugués tuvo que acudir al rescate de las Islas Azores con 150 millones, aumentable a 50 más. A continuación se anuncian nuevas medidas de austeridad, entre las que se encuentra una mayor cotización de los trabajadores a la Seguridad Social, que pasa del 11% al 18%. Sin embargo, sometido a una intensa presión social con manifestaciones en la calle, el gobierno acepta echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas. Pero subrepticiamente, alcanza con la Troika un acuerdo a nivel técnico sobre los nuevos ajustes que se aplicarán para cumplir el objetivo de déficit en sustitución de la rebaja salarial a todos los trabajadores, retirada por el fuerte rechazo social. "Ahora corresponde al Eurogrupo y al Ecofin discutir y aprobar formalmente estas decisiones", declaró la semana pasada el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, negándose a explicar los nuevos ajustes y remitiendo no obstante la misma al Gobierno portugués. La respuesta de este, es el anuncio de una "enorme" subida de impuestos para cumplir con el déficit y prescindir el próximo año de 44.000 funcionarios.
Las consecuencias del rescate en Portugal han sido, entre otras, la contracción del Producto Interior Bruto, también de la de la recaudación del IVA en un 5,3%, el pago de altos intereses en la emisión de deuda pública, la subida de la tasa de paro hasta el 15% (Portugal es junto a España y Grecia, responsable del 95% del aumento del paro en la Unión Europea desde 2010), La imparable subida del precio de los combustibles y la bajada de la rentabilidad de los bonos a diez años al nivel de bono basura. El Ejecutivo portugués anunció además este año que acometerá la privatización de los mayores astilleros navales del país, los de Viana do Castelo, después de comprobar que existe interés por parte de varios grupos empresariales en su compra.
Las últimas manifestaciones de miles de portugueses en la calle, transcurrieron ayer como parte de la jornada internacional “Global Noise”, una cacerolada contra la deuda de los Estados provocada por las políticas neoliberales del capitalismo. A estas últimas, se han unido músicos, cantantes, actores, bailarines y la principal central sindical, la CGTP
