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domingo, 9 de diciembre de 2012

MORENÉS, EL MINISTRO ARMERO DE RAJOY



Pedro Morenés y Álvarez Eulate, ministro de Defensa del gobierno PP de Rajoy, vasco de 64 años, se licenció en derecho por la universidad de Navarra, y se especializó en derecho marítimo antes de iniciar su carrera de traficante de armas, tras su paso por los sucesivos gobiernos de Aznar (1996-2004) como secretario de Estado en distintos departamentos.  Su porte escurridizo, siniestro, de personaje sin escrúpulos, pertenece a la rancia nobleza de este país, como segundo hijo del vizconde de Alesón y nieto de los condes de Asalto. Su pasión por el golf le llevó a pagar 18.000 € para ingresar en el selecto club de Puerta de Hierro, donde llegó a la presidencia de la junta directiva junto al conde de Murillo, esposo de la “lideresa” del PP Esperanza Aguirre. Este club, lo inauguró en 1909 el abuelo del rey  Juan Carlos en terrenos cedidos de la Casa de Campo madrileña, donde el duque de Alba se empeñaba que se practicara deportes de la aristocracia como el polo, el golf y el tenis, actualizándose la oferta al padel, la hípica y el bridge. Según una encuesta de CIS, Morenés, como ministro (cargo al que accedió por presiones del propio rey Juan Carlos),  es el peor valorado del gobierno Rajoy, con un 4,47 de puntuación, lo cual ya es un record en este gabinete. Las ínfulas nobiliarias de Morenés arrancan desde el mismo franquismo, concretamente el año 1966, en que pidió el ingreso como caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, por lo que gusta llamar públicamente “mal nacidos” a quienes no respetan el himno nacional, aunque callaba –igual que la otra “aristócrata” del PP, la inefable Esperanza Aguirre- cuando los que no respetaban el himno nacional eran los exaltados peperos que gritaban con el himno de fondo un año sí y otro también a Zapatero durante la parada militar del 12 de octubre.
Nada más dejar el gobierno Aznar en 2004, Pedro Morenés, se incorporó, dada su “experiencia” política en el ramo, al negocio armamentístico. Fue hasta 2007 vocal del consejo de administración de la empresa aragonesa INSTALAZA, presidida por Leoncio Muñoz, fabricante –entre otras- de las altamente destructivas granadas de mortero MAT-120, popularmente conocidas como bombas racimo. Estas bombas o cluster integradas de submuniciones de múltiples pequeñas bombas, están preparadas para lanzarse desde el aire y ser liberadas a determinada altura, en lo que radica su alto poder destructivo. El alto nivel de fallo en la explosión, hace que puedan quedar diseminadas durante un tiempo en un amplio radio de acción y explosionar posteriormente provocando, cuando no la muerte, traumáticas mutilaciones. Su forma atractiva (de pelota de tenis o lata de refresco) ha provocado que la población infantil sea el 25% de la civil afectada en los 30 países en que se han usado. Según el New York Times, bombas racimo fabricadas en España fueron utilizadas por el dictador Muamar Gadafi contra la población civil libia ocasionando numerosas víctimas. Dado este alto poder destructivo, en la convención de Dublin (mayo de 2008) 111 países acordaron erradicar las bombas de racimo en los próximos 12 años. Meses después, el gobierno español de Zapatero -bajo el cual, curiosamente, aumentaron las ventas de armas españolas al extranjero- se vio obligado a aprobar una moratoria para prohibir la producción, utilización y almacenamiento o adquisición de dicho material destructivo, aunque, como informó EFE, España se adscribió a la excepción que permitía, en vez de destruir, conservar parte de los artefactos con fines de investigación y entrenamiento. Ello provocó un descenso en la facturación de la empresa Instalaza, que en mayo del año pasado exigió al gobierno socialista una indemnización de más de 40 millones € en concepto de “daño emergente y lucro cesante” por la prohibición de “uso y almacenamiento” de unas bombas que ya no podía vender. Según el diario El Aguijón, tras la negativa de la ministra Carme Chacó de negarse al chantaje, Instalaza se presta a vender “la indemnización” a otra empresa sin vínculo armamentístico para que la cobre. En el proceso aparece como pieza clave la parte interesada del ministro Morenés ya que, en contra de lo que afirmó en una comparecencia parlamentaria –que al ser descubierto en la mentira, diría que fue debido a “un fallo” de memoria- siguió vinculado al consejo de administración de Instalaza como representante de la empresa Boguillas S.L. de la que era administrador único hasta poco antes de las últimas elecciones generales.
Durante su paso por el gobierno Aznar, Morenés montó una estructura militarista que mantiene embargado el déficit público con las PEAS (Programas Especiales de Armamento) colapsando el presupuesto de Defensa durante más de dos décadas. El diario El País informaba el año pasado que bajo su influencia el ministerio de Defensa negoció 26.000 millones € en armamento que no puede pagar. Uno de sus sucesores en la Secretaría de Estado de Defensa, el socialista Constantino Méndez, declaró gráficamente en 2010: “No debíamos haber adquirido armas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con dinero que no teníamos entonces ni ahora”. Morenés se dedicó a maquillar las inversiones militares, encubriendo parte de ellas como I+D y a costa del Ministerio de Industria que concedía préstamos a fabricantes de armas que éstos “devolverían” sin intereses al momento de la venta. Esto explica, la exigencia de indemnización por parte de su “antigua” empresa Instalaza, y que Morenés, como ministro, haya dedicado grandes esfuerzos en su primer año de mandato en negociar con sus homólogos australianos, portugués y norteamericano paquetes de armamento.
La carrera de traficante de armas de Pedro Morenés, no acabó con su vinculación a Instalaza, sino que, al caer ésta económicamente con la prohibición de sus bombas, fue captado en 2010 por la poderosa empresa paneuropea MBDA, especialista en la fabricación de misiles, que buscaba al hombre idóneo para presidir su oficina española de reciente creación. Esta empresa trabaja con casi un centenar de fuerzas armadas de todo el mundo, con un volumen de negocio de 2.700 millones de €, y producción de 3.000 misiles anuales.
Otros cargos que Morenés ha desempeñado en la floreciente industria armera, son el de consejero de ARITEX CADING, constructora de diseño industrial para el ejército y GAMO OUTDOOR (gran fabricante estadounidense de rifles y pistolas), además de presidente de KUITVERT, una consultora especializada en seguridad y defensa, y presidente hasta principios de este año, de SEGUR IBÉRICA, a la que el ministerio de Defensa contrataba la seguridad privada de los atuneros españoles en el Indico contra los piratas de la zona. Según Vozpópuli, esta empresa está denunciada por fraude, por el presunto cobro de servicios de seguridad realizados por “vigilantes falsos” y otros que no se prestaron. Matriz de esta empresa de seguridad es  Seguriber (3.000 empleados por toda España y 30.000 clientes y  una facturación de 100 millones, según su página web) que se ha visto favorecida privilegiadamente en los últimos años con la vigilancia y seguridad de establecimientos municipales de Madrid en manos del PP. Esa empresa que está implicada en el grave accidente de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, está presidida actualmente  por la presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid (en la cual anteriormente Morenés fue secretario general) Mónica de Oriol Icaza, que se destacó precisamente hace un par de meses pidiendo que el gobierno (y la escuchó) no revalorizara las pensiones. De esta irresponsable  empresa, se ha sabido –según la investigación abierta- de sus fallos en el plan de seguridad en el susodicho siniestro, pero también que acumulaba ya en 2007 tres expedientes por impago a Hacienda y a la Seguridad Social, dato que el PP obviaba, favoreciéndola con sustanciosos contrato en el ayuntamiento de Madrid.

(* Fuentes: La Vanguardia, El País, El Mundo, Infodefensa.com, Vozpópuli, Tercera información, El Economista, Elplural, Grupotortuga y Wikipedia, entre otros)