Cuando un juez absolvió al juez Martin o cuando lo ha hecho con algún integrante de la casta, los políticos han salido a la palestra para manifestarse contra el lichamiento mediático. Ahora, que otro juez ha absuelto por falta de pruebas a Ricardo Cazorla, ninguno dice mú. Debe ser que para la casta política hay linchamientos y linchamientos mediáticos. Asombra que la Audiencia de Las Palmas lo condenara a 36 años por el delito de violador, sin haber valorado la prueba de ADN, y sólo por el testimonio de las víctimas enseñandoles una foto de 10 años después de los delitos. Como también asombra la conducta de la casta jurídica en el caso de costa de Berrugo en Yaiza. En una casa costera ha vivido allí durante tres generaciones una familia de la que Santiago Medina Cáceres, carpintero jubilado se ha visto obligado a abandonarla. Asombra que por un acto de la jueza María Dolores García Benítez, del juzgado nº 2 de Arrecife, se exija por ejecución provisional de una sentencia, la entrega de dicha casa a la Junta de Compensación al plan urbanístico Castillo del Águila. Se trata de una casa, ejemplo de arquitectura popular canaria que va a desaparecer para dar paso a la especulación turística y un muelle deportivo. Parece ser, que esta familia de pescadores que lleva habitando un siglo esta casa no tuvo la mala idea de registrar la propiedad, como sí hicieron de manera gangsteril unos avispados y desaprensivos empresarios de manera fraudulenta en 1986 para luego revenderla para el citado plan. Asombra, no sólo que sin ser firme la sentencia se permita su derribo, sino la celeridad judicial cuando en la misma isla hay sin ejecutar, como mínimo, 37 SENTENCIAS FIRMES desde hace tiempo que declaran ilegales las licencias de varios hoteles. ¿Trata por igual la justicia? En una carta de Santiago Medina, que no pudo asistir al desalojo, leida por el exconsejero de Alternativa Ciudadana en el Cabildo, Pedro Hernández, se acusaba al exalcalde Honorio García Bravo -a quien la Justicia conoce bastante bien por sus andanzas- por firmar "informes falsos que facilitó a los del Plan Parcial para que pleitearan y se quedaran con lo que no era de ellos". También culpó al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias de no hacer nada para remediar lo que considera una injusticia.
Si uno ha dejado de confiar en los políticos y está empezando a hacerlo de la justicia, ¿En quién confiar a partir de ahora?
