Desde los llamados "reyes católicos", el poder en España se ha vinculado de manera entusiasta con el vaticanismo. El invento de la inquisición y las guerras de apoyo de su sucesor Carlos I, e hijo de éste, Felipe II, colmaron el siglo XVI de miles de muertos, tanto en guerras y represión, para defender el estatus del Papa. A finales del siglo XVIII, con la ilustración y la Revolución Francesa que culminó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se declaró la libertad del ser humano para pensar y decidir su destino. Estas ideas, llegaron a España con los liberales y fueron reflejadas en buena medida en la constitución gaditana de 1812, que este año cumple felizmente su bicentenario. Con objeto de intentar sacar el país adelante del atraso económico en que se encontraba, el ministro Mendizabal promulgó una ley desamortizadora sobre los bienes de la iglesia vaticana en España, abandonados e improductivos. Pero llegó el borbón Fernando VII y mandó a parar las medidas progresistas e Isabel II, a través de su ministro conservador Bravo Murillo, volvió a darle a la iglesia su protagonismo, firmando con Pio IX, el concordato de 1851. Con este pacto, el Vaticano renunciaba a las propiedades desamortizadas ya vendidas, pero conseguía que se les devolviese las que no, además de que la enseñanza que se diera fuera conforme en todo a la doctrina de la religión católica y tuviera capacidad de censura en los tema que le afectaran. El Vaticano se había debilitado con la unidad italiana emprendida por Garibaldi, perdiendo sus poderes temporales, aunque llegado el fascismo de Mussolini en 1929, el vaticanismo se convierte en Estado. Interrumpidas sus prerrogativas en España de manera tácita durante la II República, el dictador Francisco Franco, en pago por el apoyo mayoritario a su golpe de estado que denominó "cruzada", firmó nuevos acuerdos que culminan en el concordato de 1953, como medio de romper el aislamiento político que sufrió España tras la II guerra mundial, y cuyo resultado fue el restablecimiento de democracias parlamentarias en Europa occidental. Este nuevo concordato sirvió para apuntalar la dictadura de Franco y mantener a la iglesia vaticana a su lado como una fuerza de poder político. El concordato franquista reconocía a la iglesia católica, apostólica y romana con carácter de "sociedad perfecta" y como única fe en España. Se convierte en oficial, se le da valor civil al matrimonio canónico, se adapta la enseñanza al dogma católico, la enseñanza religiosa pasa a ser obligatoria, el clero es sostenido por el Estado, tiene jurisdicción especial y está exenta de impuestos.
Al morir el dictador, algunos políticos recovertidos demócratas a última hora, inician negociaciones con el Vaticano para reforzar su papel ante la aprobación de una nueva constitución, de carácter democrático. De esta manera, casi al mismo tiempo que su aprobación, se firma por medio de Marcelino Oreja (entonces de la UCD) un nuevo acuerdo, contraviniendo la declaración de los derechos humanos de 1948, que acata explícitamente la actual Constitución española, y varios artículos de la propia constitución. Se mantienen una serie de símbolos y maneras (confesionalidad pública de la casa real, vinculación a las manifestaciones militares y políticas oficiales, enseñanza, etc...) que llegan hasta la actualidad. Una de las más flagrantes es la del escandaloso apoyo económico que hace un "supuesto" estado aconfesional -como se declara España- a la religión vaticana. Ésta, discriminatoriamente al resto de los españoles, sigue exenta de impuestos de IRPF y del IBI y de sucesión y donaciones de propiedades. En aquel momento se planteó como medida suavizante que al cabo de un tiempo sólo se mantendría de donaciones voluntarias a partir de las declaraciones de la renta. Sin embargo, además de éstas, en la famosa casilla de la equis, el Estado viene adelantando bajo ese supuesto, cantidades millonarias, cuyo exceso acumulado a lo largo de los años no está siendo devuelto, lo que supone un evidente desfalco en connivencia con los partidos que han gobernado el país. La servidumbre, de la casta política española al vaticanismo, ha llegado al límite de que el propio Zapatero fue incapaz de cumplir una reforma de la ley propuesta hace un par de años, y el actual de Rajoy, recorta de todos los presupuestos menos de los 10.000 millones de euros que va a llevarse la iglesia vaticana este año enormemente crítico para la economía de la mayoría de los españoles. En momentos, como éstos, de furte depresión económica, en que trágicamente se está derivando a la mentalidad tradicional de alergia al desarrollo de la investigación científica -tan necesaria para el leventamiento del país-, la propuesta del investigador Francisco Hernández de que haya una equis en la casilla de la declaración de la renta para destinar ese 0,7 % para la ciencia parece lo más sensato, propuesta que en pocas horas va camino de las 140 mil firmas de apoyo. LA EQUIS PARA LA CIENCIA.
Al morir el dictador, algunos políticos recovertidos demócratas a última hora, inician negociaciones con el Vaticano para reforzar su papel ante la aprobación de una nueva constitución, de carácter democrático. De esta manera, casi al mismo tiempo que su aprobación, se firma por medio de Marcelino Oreja (entonces de la UCD) un nuevo acuerdo, contraviniendo la declaración de los derechos humanos de 1948, que acata explícitamente la actual Constitución española, y varios artículos de la propia constitución. Se mantienen una serie de símbolos y maneras (confesionalidad pública de la casa real, vinculación a las manifestaciones militares y políticas oficiales, enseñanza, etc...) que llegan hasta la actualidad. Una de las más flagrantes es la del escandaloso apoyo económico que hace un "supuesto" estado aconfesional -como se declara España- a la religión vaticana. Ésta, discriminatoriamente al resto de los españoles, sigue exenta de impuestos de IRPF y del IBI y de sucesión y donaciones de propiedades. En aquel momento se planteó como medida suavizante que al cabo de un tiempo sólo se mantendría de donaciones voluntarias a partir de las declaraciones de la renta. Sin embargo, además de éstas, en la famosa casilla de la equis, el Estado viene adelantando bajo ese supuesto, cantidades millonarias, cuyo exceso acumulado a lo largo de los años no está siendo devuelto, lo que supone un evidente desfalco en connivencia con los partidos que han gobernado el país. La servidumbre, de la casta política española al vaticanismo, ha llegado al límite de que el propio Zapatero fue incapaz de cumplir una reforma de la ley propuesta hace un par de años, y el actual de Rajoy, recorta de todos los presupuestos menos de los 10.000 millones de euros que va a llevarse la iglesia vaticana este año enormemente crítico para la economía de la mayoría de los españoles. En momentos, como éstos, de furte depresión económica, en que trágicamente se está derivando a la mentalidad tradicional de alergia al desarrollo de la investigación científica -tan necesaria para el leventamiento del país-, la propuesta del investigador Francisco Hernández de que haya una equis en la casilla de la declaración de la renta para destinar ese 0,7 % para la ciencia parece lo más sensato, propuesta que en pocas horas va camino de las 140 mil firmas de apoyo. LA EQUIS PARA LA CIENCIA.
