Hoy, 6 de diciembre, se cumple el 34 aniversario del referendum que aprobó la constitución española de 1978, elaborada por un grupo de diputados y aprobada cuatro meses antes por un parlamento en el que no estaban representados todos los partidos políticos. Nació esta constitución viciada, y la historia se ha encargado en demostrar aquel juicio popular de quien hizo la ley hizo la trampa. Por eso, hoy más que nunca, se impone una seria y profunda reflexión que nos lleve sin miedos ni prejuicios a un nuevo proceso constituyente en un marco plenamente democrático y de progreso, libre de presiones de los lobbys financieros y políticos internacionales.
La historia se ha encargado de demostrar que aquella constitución, tan anhelada por quienes lucharon contra la larga noche de la dictadura franquista, ha sido torticeramente manipulada en beneficio de los grandes poderes, permitiendo que la corrupción anide en su cúpula. No escapa de ello la casta política, ni la empresarial, ni la financiera, ni la de los obispos, ni siquiera la familia real. Acontecimientos habituales y consentidos, demuestran que en contra del espíritu de la constitución de 1978, no todos los españoles somos iguales, ni tenemos salvaguardado al derecho al trabajo, a una vivienda digna, educación y sanidad pública. Tampoco se cumple el que España sea un Estado aconfesional, ante el descarado privilegio de la iglesia católica, a costa de la libertad de conciencia y de pensamiento que se dice garantizar. El jefe de Estado, es decir, el rey, es inviolable en la ejecución de sus actos -no sólo los políticos- y usa vestimenta militar, Es decir, es intocable, inelegible y no ejerce, como sus homólogos europeos, exclusivamente de civil. Además, el propio ejército figura como "garante" de la unidad de España, impidiendo ejercer el posible derecho a la autodeterminación en cualquier comunidad del Estado.
Son múltiples aspectos de esta constitución, que deben ser revisables, porque ha envejecido prematuramente. Es cierto, que ha contado con los mimbres para avanzar y consolidar un proceso democrático, pero que han sido coartado constantemente por las fuerzas políticas mayoritarias. Porque esta constitución se elaboró con prisas y miedos dejando muchos flecos pendientes que hoy -caso del "soberanismo" catalán- han traído estos lodos. En vez de la lógica restauración histórica del Estado de derecho interrumpido violentamente por el alzamiento militar rebelde contra la legalidad republicana, se optó por un gran pacto tácito entre la denominada entonces "derecha civilizada" que quería desvincularse del franquismo para ser aceptada en Europa, y la emergente socialdemocracia, para marginar a la izquierda del poder, con la monarquía del 18 de julio, instaurada por Franco en 1968 en la persona de Juan Carlos, que de esta forma se aseguraba la corona y un jugoso patrimonio a cambio de algunas concesiones políticas. Eso explica que los partidos en el poder (PSOE y PP) hayan impedido hasta donde han podido, en connivencia con los medios de comunicación controlados por ellos, cualquier crítica a la monarquía o transparencia al respecto. Las cúpulas dirigentes de ambos partidos se aseguraron con la aplicación del sistema electoral creado por el jurista belga Victor d´Hondt en 1878 -¡hace más de un siglo!-, el consecutivo triunfo de los partidos mayoritarios y su alternancia en el poder, y facilitar así, la puesta en marcha de la hoja de ruta neoliberal en España, que se está culminando en los últimos meses según los dictados del mercado financiero internacional.
Si esta constitución permite amparar la corrupción y la tortura, con el uso indebido del privilegio gubernamental de los indultos, si permite la desmantelación de la educación y sanidad como derecho universal de los españoles, la privatización del Estado, la "confesionalidad" de la religión católica, la brutalidad policial en la represión de las manifestaciones críticas contra el gobierno, la existencia y subvención a organizaciones fascistas como la fundación en memoria del dictador Franco, etc... esta constitución es débil o está enferma. La única manera de que no se muera de vejez prematura, y con ella los elementales principios democráticos, es reformarla y reforzarla, dotándola de aquellos mecanismos que hagan posible en un próximo futuro un Estado ampliamente democrático, libre, soberano y socialmente justo.