No es el primero, ni –nos tememos- será el último. Si en las democracias hay la posibilidad de descubrir a los mangantes que se arriman al poder y asaltan la caja pública, y de sacarlos de la “mamandurria”, que diz la inefable Esperanza Aguirre, esa posibilidad queda usualmente limitada por el corporativismo existente y la connivencia de la casta política. Carlos Dívar, ostentaba, el que debía ser uno de los cargos institucionales más importantes de España -presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ahí es nada- y por eso lo cobraba suculentamente. Pero se lo tomaba a coña, yéndose de farra a la costa marbellí y otros lugares de España, un fin de semana sí y casi otro también, cargando sus permanentes vacaciones al pueblo español. Si hacía eso, sería lógico pensar, cómo de coña se tomaría sus funciones jurídicas en el Supremo, dándole la razón a aquel alcalde de Jerez que dijo un día –con tanta razón como se ha podido comprobar a posteriori- que la justicia en España es una coña. Pero el vivo de Dívar, cuando fue cogido infraganti (los sinvergüenzas creen que nunca serán descubiertos y actúan abiertamente como si el país fuera suyo) no dimitió, como sería lo lógico y honrado, siguiendo al menos la máxima de que la mujer del César no sólo tiene que ser honrada sino parecerlo, sino que se enrocó en la poltrona apoyado por varios de sus compis. Al final, después de hacer el ridículo, y hacérselo pasar a la Institución, no le quedó más remedio que renunciar, renunciar y no ser expulsado, a su cargo por causa de indignidad. Para más vergüenza de este sinvergüenza, cuatro días antes de que el Boletín Oficial del Estado publicara el cese del vivo de Dívar el 30 de junio pasado, éste se apresuró ante la evidente salida, a presentar un escrito recordando (¡qué vivo!) que le corresponde una pensión por indemnización (¿y a los ciudadanos quién los indemniza por las triquiñuelas dadivosas de ese individuo?) del 80% de su sueldo, que ahora se quedará en 8.670 eurazos al mes por estar en casita viendo la tele, más la pensión de jubilado que completará con creces lo que venía ganando. Esta injusta indemnización está prevista en la ley 74/80, con destino a los altos cargos del Estado durante dos años, con lo que el vivo de Dívar, si sus compis del Consejo no lo impiden, se pasará lo que queda de esta dura crisis, sin enterarse de ella mientras el ciudadano que le paga, ve rebajado sus sueldos, crecidos sus impuestos, mermada su sanidad, o sencillamente, cada vez más en la calle con una prestación disminuida y vigilada, si consigue disfrutarla el mismo tiempo que este "parado" de lujo y sin vergüenza. Sus compis, tienen la oportunidad de no permitirlo y demostrar que efectivamente algo empieza a cambiar en España para bien.
