Compromiso por Gran Canaria que preside la concejala del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Bernarda Barrios, ha presentado una propuesta de reordenación administrativa del gobierno regional, porque según ella sobran 114 cargos públicos y 342 enchufados (cargos de confianza), lo cual supone un gasto de 102 milones de euros. Igual tiene razón, igual se queda corta, y sobran -a tenor de lo hecho hasta ahora- hasta los cinco miembros del gobierno, que según el mismo estudio, serían suficientes para gobernar Canarias. Indudablemente, si hay responsabilidades transferidas a Cabildos, a qué mantener consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, secretarias, más amigos del partido, para seguir llevando el archipiélago proa al marisco. Desconozco el proyecto de Compromiso, pero es evidente que tanto la administración política de las islas como su ley electoral hacen aguas y urgen una reforma profunda y democrática. También desconozco, si Bernarda Barrios pone el dedo en la llaga respecto al ayuntamiento que co-gobierna, y plantea que sobran, porque sobran, muchos cargos políticos y de confianza. Y otro tema importante, sobre el que lógicamente no se habla, y se hará mucho menos ahora en periodo pre-electoral, es el de la sobredimensionada cantidad de funcionarios, que distintas administraciones solapadas mantienen o acrecientan sin conseguir que se funcione como debe ser y con el menor coste posible para el administrado. En este sentido, urge también una reestructuración. Como primera medida, y mientras se debate y procede a esa reestructuración, congelar el creciente aumento de funcionarios, sin que afecte a Educación y Sanidad y suprimir radicalmente todos aquellos cargos de confianza y "asesoramiento" pagados con dinero público y que sólo existan si los pagan los partidos.
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