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jueves, 19 de abril de 2012

EL CONFLICTO REPSOL YPF NO BENEFICIA NI AL PUEBLO ARGENTINO NI AL ESPAÑOL (y 2)


Antonio Brufrau (Presidente de Repsol)
Con su entrada en YPF argentina –la más importante del país- para controlarla, Repsol hizo un gran negocio y una gran apuesta para introducirse en el mercado internacional, con relaciones en Brasil, Ecuador y Guayana. Antonio Brufrau, su presidente desde 2004, ha creado todo un emporio desde su entrada en la Caixa a finales de los 80 llegando a presidir en poco tiempo varias de sus empresas coparticipadas como Port Aventura, donde consiguió gran popularidad, y varias empresas del sector energético con Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantábrico, etc, y se hizo famoso en 2003 al iniciar una opa contra Iberdrola. El multipremiado foto periodista español Gervasio Sánchez, con un largo historial profesional en países en conflicto ha expresado que con Antonio Brufrau, Repsol ha dirigido la política exterior española. Los viajes que apunte en compañía con el anterior ministro Moratinos a países democráticamente poco edificantes e irrespetuosos con los derechos humanos como la Guinea Ecuatorial de Obiang, Guatemala o de la antigua URSS son ilustrativos. La defensa del gobierno Rajoy, expresamente de su ministro Soria de los intereses de Repsol (caso Canarias o Argentina, ahora) parecen confirmarlo.

El gobierno argentino ha utilizado como causa de la nacionalización de la empresa, los oscuros manejos de Repsol, que negociaba en secreto la entrada de capital chino y el hecho de que en los últimos años, apenas reinvertía los beneficios, con una extracción agresiva por el contrario, que no satisfacía las necesidades del país que se vio obligado a importar hidrocarburo por valor de 10.000 millones de dólares el año pasado para evitar el desabastecimiento. El hallazgo el año pasado del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén en la frontera andina con Chile, es según Repsol, el origen de la medida argentina. Este yacimiento del tamaño de Austria es de los llamados no convencionales -nombre con el se conoce la extracción de otras fuentes no directas del hidrocarburo- en este caso arcillas o arenas de alquitrán que exige mucho costo en la extracción, y para lo que Repsol encuentra dificultades de abordar en la situación económica mundial actual.

Cristina Fernández ha metido en un buen atolladero a su país, pues tiene que sujetarse a las leyes jurídicas internacionales y pagar tarde o temprano la expropiación. Por eso, dedicó sus esfuerzos a depreciar el valor de las acciones -como así ha sido- preanunciando se medida de estatalización de la empresa. España mantiene con Argentina un acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones (Appri) firmado hace ya dos décadas. En todo este periodo de tiempo, curiosamente solo ha habido un caso de reclamación de expropiación y es, por ahora, el único que existe, y a favor de un empresario argentino, en aplicación del citado acuerdo bilateral. El empresario Maffezzini, que había adelantado dinero para invertir en la Sociedad de Desarrollo Gallega (SODEGA) se vio perjudicado al no salir adelante el proyecto por medidas de impacto ambiental. Le ganó el laudo al Estado español y éste tuvo que pagar. Por su parte, a Argentina no le va a quedar más remedio que indemnizar, y ya están en marcha despachos internacionales de abogados especializados, frotándose las manos. Pero Argentina es el país del mundo con mayor número de reclamaciones internacionales por expropiaciones que se produjeron, fundamentalmente, durante la época del corralito. De unas 40 demandas, fue condenada en casi la mitad, aunque haya incumplido los laudos, no pagando a las empresas demandantes. En estos momentos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama le ha impuestos sanciones comerciales severas y le tiene bloqueada la entrada de productos como vinos, carnes y limones. Otros conflictos los mantiene con México, que se ha alineado inmediatamente al lado de Repsol, además, al formar parte de la empresa la estatal Petromex. Para conseguir apoyos a su medida, Cristina Fernández ha entregado el 49 % de las acciones a las provincias productoras de hidrocarburos, en línea con la fiebre populista-nacionalista que inició recientemente poniendo en marcha una nueva cruzada por recuperar las islas Malvinas en poder de Inglaterra.

Por tanto, está claro que este conflicto, no beneficia al pueblo argentino ni al español, que está siendo utilizado por el poder a los dos lados del Atlántico, para sus intereses políticos partidistas y no los de los respectivos pueblos que como siempre verán repercutidas las consecuencias del mismo sobre sus espaldas.

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