Pedro Morenés y Álvarez Eulate,
ministro de Defensa del gobierno PP de Rajoy, vasco de 64 años, se licenció en
derecho por la universidad de Navarra, y se especializó en derecho marítimo antes
de iniciar su carrera de traficante de armas, tras su paso por los sucesivos
gobiernos de Aznar (1996-2004) como secretario de Estado en distintos
departamentos. Su porte escurridizo, siniestro,
de personaje sin escrúpulos, pertenece a la rancia nobleza de este país, como segundo
hijo del vizconde de Alesón y nieto de los condes de Asalto. Su pasión por el
golf le llevó a pagar 18.000 € para ingresar en el selecto club de Puerta de
Hierro, donde llegó a la presidencia de la junta directiva junto al conde de
Murillo, esposo de la “lideresa” del PP Esperanza Aguirre. Este club, lo
inauguró en 1909 el abuelo del rey Juan
Carlos en terrenos cedidos de la Casa de Campo madrileña, donde el duque de
Alba se empeñaba que se practicara deportes de la aristocracia como el polo, el
golf y el tenis, actualizándose la oferta al padel, la hípica y el bridge. Según
una encuesta de CIS, Morenés, como ministro (cargo al que accedió por presiones
del propio rey Juan Carlos), es el peor
valorado del gobierno Rajoy, con un 4,47 de puntuación, lo cual ya es un record
en este gabinete. Las ínfulas nobiliarias de Morenés arrancan desde el mismo
franquismo, concretamente el año 1966, en que pidió el ingreso como caballero
de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, por lo que gusta llamar
públicamente “mal nacidos” a quienes no respetan el himno nacional, aunque
callaba –igual que la otra “aristócrata” del PP, la inefable Esperanza Aguirre-
cuando los que no respetaban el himno nacional eran los exaltados peperos que gritaban con el himno de
fondo un año sí y otro también a Zapatero durante la parada militar del 12 de
octubre.
Nada más dejar el gobierno Aznar
en 2004, Pedro Morenés, se incorporó, dada su “experiencia” política en el
ramo, al negocio armamentístico. Fue hasta 2007 vocal del consejo de
administración de la empresa aragonesa INSTALAZA, presidida por Leoncio Muñoz, fabricante
–entre otras- de las altamente destructivas granadas de mortero MAT-120,
popularmente conocidas como bombas racimo.
Estas bombas o cluster integradas de submuniciones de múltiples pequeñas
bombas, están preparadas para lanzarse desde el aire y ser liberadas a
determinada altura, en lo que radica su alto poder destructivo. El alto nivel
de fallo en la explosión, hace que puedan quedar diseminadas durante un tiempo
en un amplio radio de acción y explosionar posteriormente provocando, cuando no la muerte, traumáticas mutilaciones. Su forma atractiva
(de pelota de tenis o lata de refresco) ha provocado que la población infantil
sea el 25% de la civil afectada en los 30 países en que se han usado. Según el
New York Times, bombas racimo fabricadas en España fueron utilizadas por el
dictador Muamar Gadafi contra la población civil libia ocasionando numerosas víctimas. Dado este alto poder destructivo, en la convención de
Dublin (mayo de 2008) 111 países acordaron erradicar las bombas de racimo en los
próximos 12 años. Meses después, el gobierno español de Zapatero -bajo el cual,
curiosamente, aumentaron las ventas de armas españolas al extranjero- se vio
obligado a aprobar una moratoria para prohibir la producción, utilización y
almacenamiento o adquisición de dicho material destructivo, aunque, como
informó EFE, España se adscribió a la excepción que permitía, en vez de
destruir, conservar parte de los artefactos con fines de investigación y entrenamiento. Ello
provocó un descenso en la facturación de la empresa Instalaza, que en mayo del
año pasado exigió al gobierno socialista una indemnización de más de 40
millones € en concepto de “daño emergente y lucro cesante” por la prohibición
de “uso y almacenamiento” de unas bombas que ya no podía vender. Según el
diario El Aguijón, tras la negativa de la ministra Carme Chacó de negarse al
chantaje, Instalaza se presta a vender “la indemnización” a otra empresa sin
vínculo armamentístico para que la cobre. En el proceso aparece como pieza
clave la parte interesada del ministro Morenés ya que, en contra de lo que
afirmó en una comparecencia parlamentaria –que al ser descubierto en la mentira,
diría que fue debido a “un fallo” de memoria- siguió vinculado al consejo de
administración de Instalaza como representante de la empresa Boguillas S.L. de
la que era administrador único hasta poco antes de las últimas elecciones generales.
Durante su paso por el gobierno
Aznar, Morenés montó una estructura militarista que mantiene embargado el
déficit público con las PEAS (Programas Especiales de Armamento) colapsando el
presupuesto de Defensa durante más de dos décadas. El diario El País informaba
el año pasado que bajo su influencia el ministerio de Defensa negoció 26.000
millones € en armamento que no puede pagar. Uno de sus sucesores en la
Secretaría de Estado de Defensa, el socialista Constantino Méndez, declaró
gráficamente en 2010: “No debíamos haber adquirido armas que no vamos a usar,
para escenarios de confrontación que no existen y con dinero que no teníamos
entonces ni ahora”. Morenés se dedicó a maquillar las inversiones militares,
encubriendo parte de ellas como I+D y a costa del Ministerio de Industria que
concedía préstamos a fabricantes de armas que éstos “devolverían” sin intereses
al momento de la venta. Esto explica, la exigencia de indemnización por parte
de su “antigua” empresa Instalaza, y que Morenés, como ministro, haya dedicado
grandes esfuerzos en su primer año de mandato en negociar con sus homólogos
australianos, portugués y norteamericano paquetes de armamento.
La carrera de traficante de armas
de Pedro Morenés, no acabó con su vinculación a Instalaza, sino que, al caer ésta
económicamente con la prohibición de sus bombas, fue captado en 2010 por la poderosa
empresa paneuropea MBDA, especialista en la fabricación de misiles, que buscaba
al hombre idóneo para presidir su oficina española de reciente creación. Esta
empresa trabaja con casi un centenar de fuerzas armadas de todo el mundo, con
un volumen de negocio de 2.700 millones de €, y producción de 3.000 misiles
anuales.
Otros cargos que Morenés ha
desempeñado en la floreciente industria armera, son el de consejero de ARITEX
CADING, constructora de diseño industrial para el ejército y GAMO OUTDOOR (gran
fabricante estadounidense de rifles y pistolas), además de presidente de KUITVERT,
una consultora especializada en seguridad y defensa, y presidente hasta
principios de este año, de SEGUR IBÉRICA, a la que el ministerio de Defensa
contrataba la seguridad privada de los atuneros españoles en el Indico contra
los piratas de la zona. Según Vozpópuli, esta empresa está denunciada por
fraude, por el presunto cobro de servicios de seguridad realizados por
“vigilantes falsos” y otros que no se prestaron. Matriz de esta empresa de
seguridad es Seguriber (3.000 empleados
por toda España y 30.000 clientes y una
facturación de 100 millones, según su página web) que se ha visto favorecida
privilegiadamente en los últimos años con la vigilancia y seguridad de
establecimientos municipales de Madrid en manos del PP. Esa empresa que está
implicada en el grave accidente de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena,
está presidida actualmente por la
presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid (en la cual anteriormente
Morenés fue secretario general) Mónica de Oriol Icaza, que se destacó
precisamente hace un par de meses pidiendo que el gobierno (y la escuchó) no
revalorizara las pensiones. De esta irresponsable empresa, se ha sabido –según la investigación
abierta- de sus fallos en el plan de seguridad en el susodicho siniestro, pero
también que acumulaba ya en 2007 tres expedientes por impago a Hacienda y a la
Seguridad Social, dato que el PP obviaba, favoreciéndola con sustanciosos
contrato en el ayuntamiento de Madrid.
(* Fuentes: La Vanguardia, El País, El Mundo, Infodefensa.com, Vozpópuli, Tercera información, El Economista, Elplural, Grupotortuga y Wikipedia, entre otros)
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